Aborto - Ni “Autoritas” ni “Potestas”

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A España se le viene asediando políticamente y, también, haciéndola incurrir en situaciones de caracter político de discutible legalidad. Lo que debían ser ocasionales apelaciones al Tribunal Constitucional parecen estar a la orden del día y, para más castigo, el alto tribunal no funciona, como parece que empiezan a no funcionar muchas de las instituciones del Estado. Pero, las instituciones son herramientas del Estado manejadas por las personas que, como frecuentemente ocurre con toda herramienta, o no las saben manejar o las manejan para otros fines ajenos a aquellos para los que fueron diseñadas. Este último parece ser el caso de nuestro país.

En numerosas ocasiones de nuestra vida política se viene practicando el fraude de ley, la utilización forzada de la ley para interpretarla en términos que permitan utilizarla para otros fines, fines legales pero no legítimos. Fines ilegítimos por cuanto se suponen distintos al espíritu con el que la ley fue creada. - El fraude de ley, junto al fraude lingüístico – la perversión del lenguaje y del significado de las palabras -, son las armas preferidas de aquellos políticos que, travestidos de demócratas, pretenden el asalto y permanencia en el poder bajo el paraguas de una legalidad forzada y, por tanto, ilegítima.

En este contexto, el Gobierno actual está abordando una serie de cambios políticos y sociales de carácter radical que pretenden introducirse por la puerta de atrás de nuestras instituciones, con la ayuda del fraude de ley, y por la puerta de atrás de la opinión pública, con la ayuda del fraude lingüístico (vulgo, populismo demagógico) – Aparte de estas puertas traseras, el Gobierno actual cuenta con la inestimable colaboración de una oposición acomplejada que, sin iniciativa, solo funciona a remolque de los sustos y sorpresas con los que el ejecutivo le hace desayunar cada mañana.

Una de estas iniciativas populistas es el proyecto de ley que ahora se nos presenta bajo el eufemístico título de “Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, que ni es de interrupción porque el embarazo, una vez truncado, no vuelve a ponerse en marcha, ni es voluntaria porque ninguna víctima quiere llegar a tan desgraciada situación. La situación sería similar a la de una Ley de Despido Laboral que enunciáramos como Ley de Interrupción Voluntaria del Empleo para legalizar los despidos por falta de formación. En vez de formar y desarrollar al empleado, se le despide y resuelto el problema. – Aquí, en el embarazo, se mata al niño y hasta la próxima “interrupción voluntaria”.

El Artículo 15 de la Constitución de 1978 dice: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral,....." - Todos es todos, no solo los alumbrados sino todos los vivos. ¿O es que el "nasciturus" está muerto? ..... Además, aunque no lo diga la Constitución, para algo está, aunque cada día más escaso, el sentido común ¿hace falta una declaración constitucional para que nos demos cuenta de la obviedad de que es mejor estar vivos que muertos? – Aunque hoy día hay que demostrar hasta lo que resulta evidente y obvio, también es verdad que, como siempre, no hay peor ciego que el que no quiere ver.

El asunto se presenta con dos posturas enfrentadas. Una postura, que rechaza el aborto alegando razones de tipo ético y moral por atentar contra la vida del no nacido, y la otra postura, favorable a la permisividad del aborto, que alega un insólito derecho de la propia mujer, supuesto derecho que infringe el primigenio derecho a la vida de un nuevo ser en sus primeros estadios de vida.- Parece indiscutible que las razones éticas y morales reclaman una jerarquía muy superior, por el origen de su fundamento, a la invocación de un supuesto derecho privativo de la mujer. Está claro que esta profunda quiebra social, como muchas otras que hoy existen en nuestra vida política, requiere de un arbitraje y una moderación institucional que asegure la convivencia social en España.

Con frecuencia se presenta el argumento de que la Constitución no confiere al Rey margen de actuación. Sin embargo, parecería evidente que la Monarquía, con un comportamiento activamente ejemplar y el ejercicio público de una opinión prudente, ecuánime y rigurosa, a lo largo de estos treinta años, se habría hecho acreedora a un reconocimiento de la sociedad que le conferiría el respeto, autoridad moral y ascendencia sobre la opinión pública que supliría la necesidad de tener que disfrutar de cualquier otra prerrogativa constitucional para ejercer su papel de árbitro y moderador de forma más directa. No parece ser el caso.

La extrema izquierda prende fuego a las fotografías del monarca en las calles y le falta al respeto, la izquierda oficial lo chantajea con el “republicanismo”, los hechos consumados y SITEL, y la acomplejada e ineficaz derecha social echa en falta que frene los frecuentes fraudes de ley que la izquierda oficial, con poca tradición democrática, aficionada a manipular y mentir, y siempre bordeando la ilegalidad, comete en temas de Estado. La que llamaríamos extrema derecha, hoy por hoy, y esperemos que por mucho tiempo, no tiene presencia significativa en nuestra sociedad. – En España, la derecha aspira a gobernar, y las izquierdas a ostentar el poder. Son dos fines diferentes.

El Rey parece preferir que la Historia le recuerde como el rey campechano y simpático que propició el proceso de Transición hacia la democracia, y que vivió el intento de golpe de Estado del 23 F en el que no se sabe muy bien qué papel jugó. Como el rey que reinstauró la monarquía y quiso conservarla “como fuera”. – Puestas las cosas así, una vez que la Historia tome distancia, y que la fuerza de las cosas -, porque la Naturaleza es tozuda con la realidad de las cosas - corrija las desviaciones contra natura que suponen el aborto y demás insensateces que hoy día se están cometiendo, sería mejor que a Don Juan Carlos I se le recordara con esta imagen, tal como ha quedado descrita, más que como el Rey del Aborto. Difícil saber, quizá tampoco le importe mucho. Por desgracia, parece que no tenemos a un Balduino de Bélgica que le otorgue altura moral y prestigio a la institución. Nuestra monarquía tampoco parece dar la talla para salirse de lo políticamente correcto y “oportuno”.

Ni “Autoritas” ni "Potestas". A nuestra primera magistratura, la Constitución no le otorga “potestas” para intervenir en la gestión política de nuestro quehacer diario, pero tampoco nuestra primera magistratura parece querer aspirar a la “autoritas” que le permitiera tener la ascendencia necesaria para que la opinión pública pudiera mirarse al espejo y orientarse por los caminos del comportamiento ético y del sentido común. Aunque bien pudiera ocurrir que no solo fuera un problema de falta de “autoritas”, sino de la propia predisposición y sentido de quien ostenta la primera magistratura.

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La estrechez intelectual de nuestra sociedad solo da la talla para calificar de “fachas” de extrema derecha a todos los que no comen en el pesebre del pensamiento único y lo políticamente correcto, no parece que hayan muchos más argumentos.

Alguna vez he expresado mi convicción de que los relativistas lo son porque antes son oportunistas; porque los oportunistas pregonan el dialogo de consenso y mercadeo, pero nunca la fuerza de una argumentación lógica con pretensiones de veracidad. Porque a los oportunistas solo les sirven los argumentos lógicos y razonables mientras estos favorezcan a sus siempre relativos y cambiantes intereses. Porque si los argumentos no les favorecen en sus intereses no los aceptan, no les interesan, aunque conlleven una lógica aplastante. En eso consiste la falta de creencias y convicciones firmes.

Sabemos que la Constitución no otorga “Potestas” al Rey, pero no creo ser un atrevido pensando que más de diez millones de españoles echamos de menos el “Autoritas” en su papel de árbitro y moderador.